Grabois denuncia un allanamiento “ilegal” en la casa de Fernanda Miño y critica al Gobierno.

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En un nuevo capítulo que pone de relieve las tensiones entre los movimientos sociales y las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, el martes pasado se vivió un episodio confuso y preocupante en Villa La Cava, San Isidro. El dirigente social Juan Grabois volvió a la carga con fuertes declaraciones tras denunciar que su colega, Fernanda Miño, fue violentamente allanada en un operativo que Grabois tildó de “ilegal”. Según sus mensajes en redes, un individuo encapuchado maltrató físicamente a Miño.

A través de un posteo en redes sociales a las 23.47, Grabois informó que el allanamiento se realizó sin orden judicial, tras la llegada de Miño a su hogar luego de una reunión política. Lamentó que a la exfuncionaria no se le permitió comunicarse con su abogado y responsabilizó al Gobierno por estas acciones que calificó de propias de tiempos oscuros del pasado.

Consultadas por LA NACION, fuentes cercanas a Grabois han informado que durante el allanamiento, que duró dos horas, Miño fue reiteradamente maltratada y no se le presentó justificativo legal para el registro de su domicilio. Las acusaciones en su contra, ligadas a un presunto robo de motocicleta, fueron categóricamente desmentidas por el entorno de Miño, sugiriendo que no es más que una maniobra intimidatoria.

Por otro lado, las autoridades de la Policía bonaerense sostienen que se trató de un allanamiento legítimo, autorizado por la Justicia en el marco de investigaciones sobre un robo armado. El operativo, orquestado por la UFI N°3 y el Juzgado de Garantías 2 del departamento judicial de San Martín, enfatizó que el accionar policial respetó el marco legal.

Sin inmutarse ante las explicaciones oficiales, Grabois continuó criticando el procedimiento policial y su contexto. “Nunca le encontraron nada a Fernanda, y ahora pretenden asociarla al robo de una moto. Una táctica burda que subestima nuestra inteligencia, usando un robo menor como pretexto para un allanamiento sospechoso”, aseveró indignado desde el lugar de los hechos.

Además, Grabois señaló la presencia inoperativa de grupos narcotraficantes en La Cava versus la persecución injustificar a figuras de su movimiento: “¿Por qué se dirigen hacia ella cuando las necesidades urgentes son enfrentarse al narcotráfico que está destruyendo vidas en este barrio? Esto no quedará impune”.

El fondo fiduciario que Miño administró también ha estado bajo la lupa. A comienzos de año, junto a Grabois, fue criticada por la falta de transparencia en su gestión. Aunque desde el oficialismo denunciaron que tan solo un pequeño porcentaje de lo proyectado se concluyó exitosamente, las cifras reflejan un esfuerzo por mejorar barrios populares en una amplia escala de intervención.

Pese a los números declarados, la controversia entorno a su gestión y el proceder judicial en curso, el panorama destaca un trasfondo de desigualdad y conflicto en el tejido social, que exige atención más allá de la disputa política o institucional. La precaria situación en la que se encuentra un amplio sector de la población necesita de acciones integradas para cerrar una brecha que se agranda con la escasez de soluciones concretas y eficaces.

LA NACION